Jueces y fiscales piden a Sánchez que derogue la ley de plazos con un decreto

Pedro Sánchez, durante un encuentro con empresarios en su visita a Cuba EP

Las siete asociaciones de jueces y fiscales han remitido este viernes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde le instan a que acuerde la “derogación inmediata” del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal conocida como ley de plazos en las instrucciones.

En la carta remitida al jefe del Ejecutivo, a la que ha tenido acceso El Independiente, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales explican que el próximo 6 de diciembre vence el plazo máxima de 36 meses para la instrucción de las causas declaradas complejas, medida que “provocará el archivo” de algunas de dichas causas. Jueces y fiscales aseguran que con esta medida se evitará “la impunidad que, sin duda, provocará el archivo de las indicadas causas”.

Se da la circunstancia de que en unos días vence la segunda prórroga de 18 meses que la Ley concede para investigar macrocausas. Una vez que se agota la misma, el artículo 324 de la LeCrim tan sólo permite acordar un plazo excepcional improrrogable antes de finalizar la instrucción. Esto obliga, en ocasiones, a jueces y fiscales a cerrar las investigaciones sin haberlas podido agotar. La queja de ambos colectivos ha sido unánime desde que el gobierno del Partido Popular aprobó la denominada ley de plazos.

En la misiva también se recoge que las dos principales asociaciones de fiscales -AF y UPF- trasladaron ya esta preocupación a los portavoces de Justicia de los grupos parlamentarios aunque sin éxito.

Además, tras el escándalo surgido en torno a la elección del prestigioso magistrado Manuel Marchena para presidente del Poder Judicial, jueces y fiscales aprovechan su misiva para reclamar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fije que son los jueces y los magistrados quienes eligen a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los doce de procedencia judicial.