By No debería haber sido necesaria ninguna orden legal para que los gobernantes comprendan que cualquier símbolo que genere división debe estar fuera de los edificios públicos
Todo apunta a que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acatará finalmente —aunque fuera de plazo— la orden de la Junta Electoral Central de retirar de los edificios de la Generalitat los lazos amarillos que simbolizan la solidaridad con los líderes independentistas juzgados por el Tribunal Supremo. No debería haber sido necesaria ninguna orden legal para que todos los gobernantes comprendan que cualquier símbolo que genere división debe estar fuera de los edificios públicos, más si cabe en periodo electoral como el actual. En lugar de esto, Torra se lanzó a otra absurda huida hacia ninguna parte trasladando la responsabilidad que solo a él le compete —retirar los lazos— al Síndic de Greuges, el equivalente al Defensor del Pueblo en Cataluña. Su titular, que en los últimos años ha dado cobertura a muchos de los desatinos del independentismo, recomendó finalmente, y de manera acertada, retirar la simbología de la discordia, es decir, acatar lo dispuesto por la Junta Electoral. La cuestión es que el Síndic no tiene la menor competencia en este asunto ni puede ser utilizado sectariamente por quienes solo buscan preservar los derechos de una parte de la sociedad. El Síndic tiene exclusivamente como función dar respuesta a las quejas de los ciudadanos que se encuentran desatendidos por las Administraciones y velar por el buen funcionamiento de la Administración de la Generalitat y de los entes locales.
Tampoco hay lugar para reivindicar los lazos en edificios públicos como una muestra de libertad de expresión. Una de las garantías de dicha libertad radica, precisamente, en que las Administraciones públicas exhiban neutralidad y estén libres de simbología partidista. Detrás de la actuación irresponsable de Torra se esconde la voluntad de erigirse ante los votantes independentistas como el representante más genuino del secesionismo radical; pura campaña electoral de la manera más torticera posible. Lo grave es que, haciéndolo desde la presidencia de la Generalitat, Torra ha vuelto a poner en riesgo a toda la institución.
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