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Alta comisionada documentó ejecuciones extrajudiciales y torturas. También preocupada por sanciones.
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Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de Chile.
Michelle Bachelet se refirió extensamente este miércoles a la situación en Venezuela durante un discurso pronunciado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en donde dijo estar preocupada “por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.
Bachelet denunció que en enero y febrero pasados, su oficina documentó “numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos armados progubernamentales’, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación”.
De la misma manera, indicó que se investigan 242 denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales, que habrían ocurrido hasta enero de 2019 siguiendo, al parecer, un patrón: “Ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno”.
La alta comisionada aseguró también que ha recibido denuncias de que la Fiscalía General se negó “explícitamente” a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES.
Bachelet recordó que un equipo técnico de su oficina se encuentra actualmente en el país y manifestó que es necesario que “tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos”.
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Libertad de expresión, salud y educación
En otro sentido, se refirió a la situación en materia de libertad de expresión y aseguró que las autoridades “han usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en noviembre de 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura”.
Citando una encuesta, pero sin mencionar a su autor, Bachelet dijo que “más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela” y manifestó su preocupación por el rápido deterioro de los servicios de salud.
“Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”, añadió Bachelet.
Por otra parte, indicó que el apagón ocurrido en días pasados “simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país” y sostuvo que esta situación, combinada con la hiperinflación, “genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”.
Sanciones económicas y migrantes
“Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, dijo la comisionada, las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”.
Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos
Finalmente, se refirió a los migrantes venezolanos y a las precarias condiciones en las que partieron y en las que muchos de ellos se encuentran en sus lugares de destino.
“Los países de la región se han visto confrontados a la llegada masiva de personas que a menudo presentan necesidades humanitarias urgentes y cuyos derechos humanos requieren protección”, dijo la comisionada e instó a los Estados a combatir la xenofobia, el racismo y la discriminación y a mantener el acceso a sus territorios.
Un grupo de niños busca comida entre bolsas de basura que obtuvieron en una panadería de Caracas, capital de Venezuela.
Bachelet concluyó su intervención haciendo un llamado a las autoridades a solucionar estas situaciones urgentes, única manera de demostrar un compromiso real con los derechos humanos: “la polarización está agravando una situación ya de por sí crítica. Es preciso que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados”.
Esta intervención de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos (ACNUDH) es parte del mandato que el Consejo le dio, en septiembre pasado, al adoptar una resolución en la que le pidió elaborar un informe exhaustivo sobre Venezuela y actualizar oralmente al Consejo acerca de sus hallazgos. La de este miércoles fue la primera de dos actualizaciones que hará durante este año, mientras que el informe escrito será presentado en la sesión de junio.
La respuesta de Venezuela
Jorge Valero, el embajador venezolano, tomó la palabra tras la intervención y reiteró que “el Gobierno bolivariano ha reiterado su plena disposición de diálogo y cooperación con la alta comisionada, Michelle Bachelet”.
“El presidente Nicolás Maduro le extendió una invitación para visitar Venezuela, donde podrá constatar la verdadera situación del país, distorsionada por la falsa campaña mediática internacional, que ha incidido en su informe oral”, dijo Valero mientras unos 30 diplomáticos del Grupo de Lima abandonaban la sala en señal de protesta contra Venezuela.El embajador aseguró que el equipo de la ACNUDH que se encuentra en Venezuela desde el pasado 11 de marzo “ha recibido el pleno apoyo del Estado venezolano para que cumpla cabalmente su misión”.
Los miembros del Faes ocultan su identidad con una capucha. Se les acusa de varios crímenes.
De igual manera, rechazó las afirmaciones de la alta comisionada acerca de la criminalización de la protesta pacífica: “diferenciamos este derecho constitucional de los actos vandálicos y criminales que se han registrado en Venezuela en los últimos años, promovidos por un sector violento de la oposición financiado desde el exterior. Quemaron personas vivas y destruyeron innumerables bienes públicos y privados”.
Por otra parte, reiteró que la situación en Venezuela es consecuencia de las sanciones económicas: “hasta la fecha se han aplicado 35 medidas coercitivas unilaterales, ilegal imposición que empezó en 2014”, afirmó Valero y mencionó ejemplos de estas sanciones, como el congelamiento de siete mil millones de dólares de la estatal venezolana Citgo en enero pasado.
Así mismo, indicó que el apagón fue producido por “un artero ataque multifacético de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional” y que “los desplazamientos de venezolanos al exterior son coyunturales y coinciden con la imposición de medidas coercitivas unilaterales”.
El diplomático finalizó su intervención indicando que Nicolás Maduro “ha hecho más de 400 llamados públicos a favor del diálogo político, en aras de consolidar la paz y la estabilidad social”, y reiteró que el Estado acoge con beneplácito los llamados al diálogo hechos por, entre otros, el secretario general de la ONU, el papa Francisco y los presidentes de Bolivia, México y Uruguay.
CARMEN LUCÍA CASTAÑO
Para EL TIEMPO
Ginebra (Suiza)
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