El Gobierno dice que está preocupado por el ascenso de VOX y lo tacha de “inconstitucional”

Carmen Calvo entrando este viernes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros (EFE).

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha subrayado hoy que al Ejecutivo y a la “inmensa mayoría” de españoles les “preocupa” el posible ascenso de VOX, un partido con un ideario que ha tachado de “inconstitucional” y que podría tener representación en el Parlamento andaluz tras las elecciones del próximo domingo según la mayoría de sondeos.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Calvo ha sido preguntada por la posibilidad de la entrada del partido de Santiago Abascal en el Parlamento de Andalucía, según algunas encuestas.

“A este Gobierno, y a la inmensa mayoría de hombres y mujeres, nos preocupa mucho un partido cuyo ideario es anticonstitucional”, ha señalado, y ha apostillado: “Casi todo lo que vemos que dice es inconstitucional”.

La encuesta efectuada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) daba a VOX en voto directo una estimación del 1,6 %, que se traducía en un escaño por Almería, aunque otros sondeos le dan a este partido hasta tres diputados autonómicos.

Después de precisar que el Gobierno respeta la legalidad “de todos y cada uno de los partidos”, Calvo ha indicado que “otra cosa es que desde el punto de vista político” les guste más o menos “el contenido del ideario” de sus adversarios.

Y ha aprovechado para criticar al líder del PP, Pablo Casado, que ayer en la campaña de las elecciones andaluzas reiteró que se tiene que volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que dijo que Pedro Sánchez es un “presidente ilegítimo” por haber sido investido con los “votos vergonzantes” de los independentistas.

Unas palabras que, según Calvo, “están muy fuera de la constitucionalidad”. “No te puedes llamar constitucionalista cuando al presidente constitucional de España le llamas ilegítimo”, le ha advertido a Casado.

No obstante, ha dejado claro que eso no significa que el Gobierno no vaya a hablar con el PP de Casado sobre temas como la reforma constitucional para delimitar el aforamiento de diputados y senadores.