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Son recursos adicionales al monto de ayuda que Washington entrega, dijo el Comisionado de Paz.
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Aún están por desenterrarse miles de minas que sembró las Farc durante el conflicto y otras que pusieron otros grupos armados ilegales.
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Estados Unidos entregará a Colombia 21 millones de dólares en recursos adicionales para ayudar a eliminar las minas antipersonales que aún se encuentran sembradas en diversas regiones del país.
Eso le dijo a EL TIEMPO el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, tras una serie de reuniones que adelantó este martes en Washington con funcionarios del Departamento de Estado.
Los recursos, según Ceballos, son esenciales pues no solo aún están por desenterrarse miles de estos dispositivos que sembró las Farc durante el conflicto, sino que están volviendo a ser utilizadas por otros grupos criminales para proteger los cultivos de coca.
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La cifra es similar a la que autorizó este país en el 2016 cuando se aprobó el presupuesto para financiar el plan Paz Colombia, la estrategia estadounidense que reemplazó al Plan Colombia al final del gobierno del presidente Barack Obama.
Según fuentes legislativas, el Congreso ya había autorizado la utilización de recursos para el desminado en Colombia, pero le correspondía al Departamento de Estado determinar la cantidad de recursos que serían entregados.
Ceballos se encuentra de gira en Washington desde comienzos de semana y en su agenda figura una serie de reuniones para explicar los pasos que ha tomado el gobierno de Iván Duque en torno a la implementación de los acuerdos de paz que se firmaron con las Farc y la evolución de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Precisamente fue este el tema que se trató en un foro que fue organizado por la facultad de leyes de American University, y en el cual Ceballos fue uno de los panelistas.
Además del Alto Comisionado, participaron la presidenta de la JEP, Patricia Linares (a través de video); Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes y ex Relatora para la Libertad de Expresión de la OEA; Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, y Alejandro Valencia Villa, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Críticas al gobierno
En general, los panelistas (salvo Ceballos) fueron críticos del gobierno. Linares, por ejemplo, aplaudió el hundimiento en la Corte Constitucional de las seis objeciones que elevó el presidente Duque, pues eso finalmente conducirá “a un marco normativo completo que nos dará seguridad y tranquilidad para avanzar en nuestro trabajo”.
Según Linares, si bien nunca han rechazado ni el debate ni los ataques de quienes están en contra del modelo de justicia restaurativa si pidió “respeto” para los magistrados y magistradas que componen el sistema.
“Uno de nuestros más grandes retos es construir confianza entre estos los sectores que no la tienen por múltiples razones”, dijo Linares, quien envió un video con su testimonio.
Botero, por su parte, catalogó la implementación de los acuerdos como un proceso tortuoso en el que un gobierno que ganó las elecciones oponiéndose al pacto de La Habana ahora era el encargado de ejecutarlo.
Así mismo, dijo que el gobierno de Duque está atrapado en el dilema de volver “trizas los acuerdos”, como quiere un sector, o seguir adelante pero con modificaciones.
Gracias a @AmericanU por esta oportunidad para conversar serenamente sobre los problemas de la implementación del proceso de paz en Colombia. https://t.co/DwUqZfAJNe
— Catalina Botero (@cboteromarino) 4 de junio de 2019
Según Botero esa incertidumbre, sumada a la falta de cumplimiento con lo que se pactó, está amenazando el futuro y la viabilidad del acuerdo.
Cuestionó igualmente los ataques de la coalición de gobierno contra las cortes del país que, a su juicio, no son ideológicas y son esenciales para sostener la institucionalidad.
Para Rodrigo Uprimny, la paz se ha convertido en algo minimalista, pues lo único que se está cumpliendo es la desmovilización de guerrilleros mientras que todos los componentes que eran transformadores, y apuntaban a la solución de los problemas de largo plazo se han congelado.
Para Uprimny, el manejo que le ha dado el gobierno al caso de Jesús Santrich y a las objeciones que se presentaron es equivocado y podría conducir a un colapso parcial del acuerdo.
Para este, no debería ser posible retirarle a alguien una garantía constitucional (como la no extradición que se pactó en el acuerdo) utilizando un estándar tan bajo como el que emplea EE. UU. para abrir un proceso judicial y solicitar la extradición de un nacional.
Para Uprimny, EE.UU fue, en ese sentido, “imperial y arrogante”, por negarse a entregar la pruebas del crimen que le imputa a Santrich.
Valencia se quejó por lo que llamó un serio recorte al presupuesto de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y dijo que una de las principales tareas pendientes era hacerles ver a los colombianos que en realidad existió un conflicto, pues muchos -entre ellos los que quieran acabar con los acuerdos- parecen no reconocerlo.
Ceballos defendió al gobierno al sostener que no era cierto que quería hacer trizas los acuerdos ni tampoco que estuviese atacando a las cortes y su independencia.
Para el Alto Comisionado, una de la razones que han causado demoras en la implementación de los acuerdos es el regreso de la criminalidad a ciertas zonas del país. Pidió, de paso, cambiar la narrativa de que se quiere hacer trizas el acuerdo pues ella, en si misma, es nociva para la salud del pacto.
En ese sentido, Ceballos solicitó tener un poco de paciencia pues, si bien la implementación avanza, se trata de un proceso complejo que tomará tiempo.
Uno de nuestros más grandes retos es construir confianza entre estos los sectores que no la tienen por múltiples razones.
En cuanto a las objeciones, el Alto Comisionado sostuvo que no eran simples “caprichos” sino cuestionamientos muy válidos a vacíos que dejaron los acuerdos y que ponían en entredicho herramientas claves como la extradición.
Específicamente en el caso de Santrich, Ceballos dijo que la decisión de la JEP de entrar a valorar las pruebas generaba un problema muy grave, pues esa valoración ya la había hecho el país requirente, en este caso EE. UU.
“Se ha creado una dificultad enorme que tendremos que enfrentar. El problema sigue abierto y la crisis sigue vigente en el tema de extradición”, sostuvo el comisionado.
Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
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