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Ente pidió al gobierno investigar violaciones cometidas, a cooperar con la CIDH y retomar diálogo.
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Ciudadanos que huyeron de Nicaragua hacia Costa Rica protestan con fotos de personas que han muerto en las protestas en su país contra el presidente Daniel Ortega.
La máxima instancia de la ONU en materia de derechos humanos decidió este jueves incluir en su agenda la crisis política que vive Nicaragua desde el 18 de abril de 2018, cuando iniciaron las protestas ciudadanas contra las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
A partir de entonces, se han multiplicado las denuncias y los testimonios de víctimas de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura e incluso violencia sexual durante la reclusión.
En la resolución adoptada este jueves con 23 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones, el Consejo pide a la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos (ACNUDH) presentar por escrito un informe exhaustivo sobre Nicaragua en su 42 sesión, que tendrá lugar en septiembre, y hacer actualizaciones orales de la situación en las sesiones de junio de 2019 y marzo de 2020.
La resolución fue propuesta inicialmente por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, a quienes se fueron sumando otros 38 Estados a lo largo de las cuatro semanas durante las que ha sesionado el Consejo.
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Los otros puntos de la resolución
Al adoptar la resolución, el Consejo pidió también a las autoridades nicaragüenses respetar los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, y garantizar la independencia de los medios de comunicación y del poder judicial.
Adicionalmente, llamó al Gobierno a liberar “a todas las personas detenidas arbitraria o ilegalmente, respetar las debidas garantías procesales y velar por que las condiciones de reclusión se ajusten a sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos”.
Por otra parte, el Consejo exhortó al Gobierno a reanudar su cooperación con el sistema de derechos humanos de la ONU, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “facilitando las visitas, permitiendo el acceso sin trabas a todo el país, incluidos los centros de reclusión, y previniendo y evitando todo acto de intimidación o represalia”.
Adicionalmente, la resolución pidió que el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia “reanuden el diálogo nacional que comenzó el 27 de febrero de 2019 y que permitió la aprobación de una hoja de ruta, y exhorta a todas las partes a que velen por un diálogo amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente, con el apoyo de la comunidad internacional, para lograr una solución pacífica y democrática de la crisis”.
Finalmente, el Consejo solicitó a las autoridades llevar a cabo “un proceso de rendición de cuentas exhaustivo y transparente a fin de asegurar que las víctimas de violaciones y abusos de los derechos humanos en Nicaragua puedan acceder a la justicia y a la reparación”.
Los votos de Latinoamérica
Los países de América Latina y el Caribe ocupan ocho de las 47 sillas del Consejo de Derechos Humanos. En la resolución de hoy, Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay votaron sí. Cuba, por su parte, votó no.
La reacción de Nicaragua
El delegado nicaragüense expresó su rechazó a la integralidad de la resolución por considerar que “niega los avances logrados en la realidad, se inmiscuye en los asuntos internos de Nicaragua y desvirtúa la verdadera naturaleza del Consejo”. Así mismo, aseguró que el Gobierno ha dado reiteradas muestras de su compromiso con el diálogo, la reconciliación y la paz.
“Para conocimiento de este Consejo, el día de ayer en la mesa de diálogo nacional se lograron los siguientes acuerdos: fortalecer la democracia para la realización de procesos electorales, fortalecer las garantías ciudadanas, liberación dentro de un plazo máximo de 90 días de todas personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril (…)”, afirmó el delegado.
“En Nicaragua no se restringe el espacio cívico: se respeta el derecho a la reunión pacífica dentro del marco de la ley. Así mismo se respeta el derecho de asociación y expresión”, concluyó el representante.
Reacción de la CIDH
“Estamos muy satisfechos de que el órgano más importante de Naciones Unidas en materia de derechos humanos haya adoptado una resolución sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua y haya puesto el tema en su agenda”, declaró a EL TIEMPO el comisionado de la CIDH Joel Hernández, quien estuvo presente en la sesión.
“La resolución contiene, primero, un reconocimiento de la grave situación del país, de la existencia de víctimas y del cierre de espacios democráticos que hubo en estos meses. Pero más importante: hace llamados muy concretos al Estado para que avance en la reconciliación, en la verdad, justicia, reparación y no repetición y también hace una invitación a que Nicaragua se deje acompañar por los organismos internacionales”, afirmó el comisionado, quien reiteró la disposición de la CIDH para cooperar con las autoridades nicaragüenses.
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En un informe publicado en agosto de 2018, la ACNUDH indicó que al menos 300 personas habían sido asesinadas y otras 2000 habían resultado heridas en las protestas. Dos días después de publicar este informe, Nicaragua expulsó al equipo de la ACNUDH que se encontraba en el país y, tres meses más tarde, comunicó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su decisión de suspender la colaboración con este organismo.
Lucía Castaño
Para EL TIEMPO
Ginebra
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