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Para la oposición, la iniciativa del presidente Daniel Ortega busca encubrir crímenes de policías.
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Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, que con su ley de amnistía, busca borrar crímenes de la fuerza pública, según la oposición.
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Desde este lunes, en Nicaragua entró en vigor una ley de amnistía promovida por el gobierno de Daniel Ortega y que absuelve de responsabilidad a quienes cometan delitos en el marco de la crisis política que estalló hace un año y ha dejado cientos de muertos.
Con base en esa ley, el ministerio de Gobernación ordenó la liberación de 50 personas que estaban detenidas “por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública”, a quienes la oposición califica de presos políticos.
Sin embargo, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua rechazó la orden y acusó a Ortega de aprobar “la amnistía para encubrir sus crímenes cometidos por policías y paramilitares del régimen” en el marco de las protestas.
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La medida fue aprobada el sábado por el Parlamento del país, controlado por el oficialismo, que estipuló “amplía amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acontecidos en todo el territorio nacional desde el 18 de abril de 2018 hasta la fecha”.
De este modo se ordena a las autoridades a cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias, y liberar de forma inmediata a las personas que se encuentran privadas de la libertad por tales motivos.
Además, la norma cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, exceptuando aquellos regulados en tratados internacionales.
La iniciativa fue rechazada por la oposición nicaragüense bajo el argumento de que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra Ortega y sus impopulares reformas de la seguridad social. También por sustentar la tesis de que las manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado contra el mandatario.
Asimismo, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció en contra y dijo que “el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”.
EFE
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